La transparencia no debería ser una opción, sino una obligación. Sin embargo, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya ha demostrado que cuando la información incomoda, la respuesta institucional no está a la altura.
Desde el sindicato FORT, se solicitó al Departament de Justicia los descubiertos de los Vigilantes de Seguridad (Prosegur) en los centros de menores de Can Llupià y L’Alzina durante los años 2023 y 2024. Es decir, las horas en las que estos centros han estado sin la cobertura de vigilancia contratada. La respuesta del Departament fue negar el acceso a la información, ya que recopilar la documentación solicitada les suponía mucha faena.
Una negativa injustificada a información pública
Ante esta negativa, no tuvimos más remedio que recurrir a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), el órgano independiente que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia en Cataluña.
La resolución de la GAIP fue clara y contundente: el Departament de Justícia estaba obligado a facilitar esta información . Y los datos, una vez forzada su entrega, resultan demoledores.
Resolución GAIP
Más de 7.500 horas sin vigilancia entre 2023 y 2024
Según la documentación finalmente entregada, entre los años 2023 y 2024, y sumando los dos centros de menores, se acumulan más de 7.500 horas de descubierto en el equipo de vigilancia.
Riesgo para vigilantes y educadores
Esta situación no es una simple irregularidad. Es un problema grave de seguridad laboral. La falta de vigilantes en centros de menores conlleva:
- Mayor riesgo de agresiones a los Vigilantes de Seguridad y al personal educativo.
- Sobrecarga y exposición directa para los propios vigilantes que sí acuden a su puesto.
- Un deterioro evidente de las condiciones de trabajo en un entorno ya de por sí complejo.
La seguridad privada en estos centros no es un lujo, es una medida preventiva esencial. No cubrir los servicios contratados pone en peligro a quienes sostienen el sistema día a día.
Posibles incumplimientos legales y ¿competencia desleal?
Además del riesgo humano, esta situación abre la puerta a posibles incumplimientos en materia de seguridad privada. Dar una prestación de servicios de seguridad privada en condiciones distintas a las previstas en las comunicaciones de los correspondientes contratos es una infracción Grave tal y como se establece en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Pero hay más: Permitir miles de horas de descubierto sin consecuencias puede suponer también una competencia desleal frente a otras empresas de seguridad que se presentaron a la licitación y que sí ajustaron sus ofertas al cumplimiento estricto del servicio. El propio Departament de Justicia reconoce que no ha iniciado ningún tipo de penalización por dichos descubiertos.
¿Se habría adjudicado el contrato en las mismas condiciones si se hubieran tenido en cuenta estos niveles de incumplimiento?
¿Quién controla realmente que las empresas cumplan con los servicios contratados?
Desde FORT lo tenemos claro: La seguridad, la legalidad y la transparencia no se negocian.
Y cuando una administración falla en garantizar cualquiera de estas tres, es obligación del sindicalismo señalarlo alto y claro, aunque moleste.
